La iniciativa de un grupo parlamentario para aprobar una ley que permita retirar hasta el 25% del fondo de pensiones, no parece acertada por abrir dos frentes en el Estado para atender la crisis.
Por Carlos Hakansson. 02 abril, 2020.
Fuente: Andina
Los reflejos políticos para afrontar la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, han consistido en tomar medidas que eviten paralizar la cadena de pagos, proveer liquidez al sector formalizado, la distribución de un bono a los ciudadanos residentes en zonas vulnerables, así como preparar un ambicioso plan de inversión pública para reactivar la economía, entre otras acciones urgentes, todas ellas en el marco de un estado de emergencia.
En esta coyuntura, la instalación del Congreso y la pendiente exposición del Presidente del Consejo de Ministros para informar sobre las medidas tomadas durante el interregno parlamentario, y solicitar cuestión de confianza, se han postergado sin fijar fecha para el cumplimiento de la Constitución y el reglamento parlamentario. No es un tema menor, ni un formalismo incumplido, pues la función de control político no puede suspenderse, por eso, si las sesiones de la Comisión Permanente pueden efectuarse mediante medios virtuales, lo mismo tendría que valer para cumplir con una disposición constitucional que pondrá fin al periodo de interregno congresal.
Si convenimos que la Constitución no es un instrumento declarativo sino vinculante a cualquier autoridad, funcionario o persona, el principio representativo que gozan los parlamentarios es a tiempo completo y, además de fiscalizar que se cumplan las medidas de emergencia anunciadas en sus regiones, deben ejercer el control político al gobierno sin esperar la atención mediática. En ese sentido, la iniciativa de un grupo parlamentario para aprobar un proyecto de ley que permita retirar hasta el 25% del fondo privado de pensiones, no parece acertada por abrir dos frentes en el Estado para atender la crisis, una tarea que en estos momentos le corresponde al poder ejecutivo y su administración pública. La labor se resume en “yo gobierno ejecuto, tú Congreso me controlas”.
